El 10 de Julio de 2021 se publicó en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal o también conocido como la ley antifraude que fue creada para luchar contra el fraude fiscal como explica el Gobierno.

Esta es una ley muy extensa ya que contiene una gran cantidad de puntos como las sucesiones, las criptomonedas, los pagos en efectivo y los paraísos fiscales.

Una de las medidas y obligaciones para luchar contra el fraude fiscal es la llevanza de libros de registros y facturas a través de medios electrónicos.

Esto significa que, a partir del 1 de enero de 2024, todas las empresas deben contar con un software de facturación homologado por la Agencia Tributaria que cumpla con los requisitos establecidos en la normativa.

Dicho software debe ser capaz de registrar todas las transacciones económicas que se produzcan dentro de la empresa, esto concierne tanto a las compras como a sus ventas.

Además, debe poder generar y almacenar facturas electrónicas y otros tipos de documentos fiscales de forma segura y fiable. También debe garantizar que dichos datos se transmiten correctamente a la Agencia Tributaria en los plazos establecidos.

La importación de tener un software acorde con la Ley Antifraude 11/2021 radica en la necesidad de garantizar la correcta gestión y control de las obligaciones fiscales de las empresas. Además, dicho software permitirá llevar una contabilidad actualizada y precisa, facilitando la gestión de las obligaciones fiscales y el cumplimiento de los plazos establecidos.

Otro aspecto fundamental que busca solventar la Ley Antifraude es la obligación de identificar de forma verídica los titulares de las empresas y sociedades. Se establece una obligación de inscribir en el Registro Mercantil la información relativa a los beneficiarios finales de las sociedades y fundaciones, incluyendo su identidad, nacionalidad y el porcentaje de participación en la misma.

Gracias a esto, las autoridades fiscales pueden tener una mejor visión de la propiedad y el control de las empresas, agilizando la detección de posibles actividades fraudulentas.

Esta nueva ley también establece una serie de sanciones en casa de su incumplimiento. En caso de no cumplir con las obligaciones fiscales establecidas, las empresas pueden enfrentarse a multan que van desde los 1.000 euros hasta los 600.000 euros.

En conclusión, la Ley Antifraude 11/2021 establece nuevas medidas y obligaciones para luchar contra el fraude fiscal. Lo más importante es que las empresas tengan un software de facturación homologado y que cumpla con la normativa. También es importante cumplir con las obligaciones relativas a la identificación de los titulares reales de las empresas y fundaciones.